California, uno de los más afectados con la nueva regla de «carga pública»

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom (c), ofrece una rueda de prensa en Sacramento (Estados Unidos). EFE/ Peter Dasilva/Archivo

Los Ángeles, 13 ago (EFEUSA).- La reglamentación para limitar el acceso a la ciudadanía o a la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayuda pública supone un gran revés para la economía y la sanidad de California, advirtieron autoridades y activistas locales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal estatal, Xavier Becerra, encabezan las criticas a la normativa federal anunciada el lunes y que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a inmigrantes definidos como «carga pública», esto es aquellos que han recibido «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

La normativa, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre y fue dada a conocer por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), causará un fuerte impacto en las familias de bajos recursos de California, según sus autoridades.

«Esta es una política imprudente que se enfoca en la salud y el bienestar de las familias inmigrantes y las comunidades de color, con implicaciones generalizadas para el acceso a la atención médica y la vivienda en nuestro estado», alertó en un comunicado el gobernador Newsom.

La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante indocumentado incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas.

En este sentido, Becerra explicó que la regla afectará a aquellos indocumentados del Estado Dorado que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional en California) y vivienda, entre otros.

El procurador asegura que más allá de la oportunidad de legalizar a inmigrantes «esta regla dañará a las comunidades, escuelas y lugares de trabajo del estado», así como el sector agrícola local, que tiene una gran cantidad de mano de obra indocumentada.

Según un análisis reciente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en California hay 3.059.000 inmigrantes indocumentados.

Las preocupaciones de los funcionarios se centran en cómo la nueva regla afectará la salud, especialmente la de los hijos de indocumentados de bajos recursos.

Actualmente, California ayuda a más de 730.000 niños con comidas gratis y más de 310.000 menores reciben comidas a precio reducido debido a la participación de sus hogares en el programa Medicaid.

Además, casi 1,6 millones de niños están certificados para recibir comidas gratuitas debido a la participación de sus hogares en el programa de suplemento mensual para comprar alimentos (SNAP por su sigla en inglés).

«Esta regla no es para los niños ciudadanos, pero sus padres indocumentados podrían considerar sacarlos porque creen que se pueden ver afectados. El teléfono no ha parado de sonar hoy preguntando sobre esta regla», dijo a Efe Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de los Ángeles (ASOSAL).

El estado actualmente brinda cobertura médica a más de 130.000 menores y adolescentes indocumentados, y el próximo año extenderá el servicio a los inmigrantes sin estatus legal hasta que cumplan los 26 años, unos 90.000 beneficios más.

Para la activista y abogada Lizbeth Mateo las acciones del presidente sólo intentan «continuar con la política de miedo» y racismo contra los inmigrantes.

«La nueva regla es un documento de casi 900 páginas que abre la posibilidad a diferentes interpretaciones», dijo Mateo.

En Los Ángeles, la directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, aseguró que «obligar a los inmigrantes a elegir entre las necesidades básicas de su familia, como alimentos o vivienda, que ayudan a financiar con sus impuestos, y un camino hacia la legalización cruza otra línea».

Las duras políticas migratorias de la Administración Trump, como la decisión de poner fin a la Acción Diferida (DACA) o al Estatus de Protección Temporal (TPS), ha motivado que California encabece demandas judiciales contra las mismas.

Newsom recalcó que su gobierno está «revisando activamente los detalles de esta nueva regla para determinar los próximos pasos a tomar».

Por su parte, Becerra dijo que «California no se quedará sin hacer nada mientras esta Administración se dirige en contra de programas de los que los niños y las familias a lo largo del estado dependen».