Bruselas dice estar trabajando con el Gobierno español en su armonización fiscal: «Hay que recaudar más»

Afirman que la reforma fiscal «está en el horno» y que tendrá que entrar en vigor en el primer trimestre de 2023 para cumplir con el Plan Leer

Bruselas dice estar trabajando con el Gobierno español en su armonización fiscal: «Hay que recaudar más»

Afirman que la reforma fiscal "está en el horno" y que tendrá que entrar en vigor en el primer trimestre de 2023 para cumplir con el Plan Leer

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La Comisión Europea está trabajando ya «estrechamente» con el Gobierno de España en la reforma fiscal que, según quedó recogido el componente 28 del Plan de Recuperación, entrará en vigor en el primer trimestre de 2023 e incluirá una armonización fiscal en todo el territorio.

Según han confirmado este miércoles fuentes de la Comisión Europea, «la reforma está en el horno, es un trabajo que está en curso» y su objetivo es «lograr una coordinación a nivel regional» de los impuestos en el país.

Concretamente, el Componente 28 recoge que la reforma abordará «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades», una compromiso que ahora es objeto de polémica después de que esta misma semana Andalucía haya anunciado la supresión del Impuesto de Patrimonio y de que la Región de Murcia haya anunciado una reducción del IRPF y haya afirmado que está estudiando eliminar también la tributación sobre el patrimonio.

Fuentes comunitarias han destacado que la reforma fiscal es «una parte muy importante del plan» y que ahora están «empezando a trabajar con las autoridades españolas» en su diseño. Precisamente este miércoles culmina una visita a Madrid de altos cargos de Bruselas para analizar con el Ejecutivo cómo va el despliegue del Plan de Recuperación y la ejecución de inversiones y reformas.

«No podemos decir nada sobre la reforma fiscal en sí porque está en el horno, pero es muy importante sobre todo en el contexto actual porque hay que dar apoyo a los hogares más necesitados y hay que mitigar el impacto de la subida de los precios. Hace falta recaudar más impuestos para todos, hacen falta ingresos y hace falta que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible. Hay que adecuar el sistema fiscal», han recalcado esas mismas fuentes.

En Bruselas están seguros de que la reforma se aprobará en tiempo y forma, ya que de otra manera «se pone en riesgo el desembolso y eso no es algo que quiera ningún país». Las autoridades de la Comisión conocen el contenido del Libro Blanco que elaboraron los expertos y sus recomendaciones y también han recibido los planes del Gobierno sobre su traslación a una reforma.

Su mensaje está alineado con el del Ejecutivo, que defiende que no se produzcan bajadas de impuestos para poder mantener un nivel de gasto público que garantice un nivel de bienestar y que permita ayudar a los más vulnerables; en contra de la voluntad de reducir impuestos que promulga el PP y las comunidades gobernadas por este partido, como Andalucía, Madrid o Murcia.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado hoy en declaraciones a la prensa en el Congreso que el Gobierno «explora» una mayor aportación de las «grandes fortunas» a la recaudación y quiere «armonizar» algunos impuestos autonómicos para evitar la «competencia fiscal a la baja» entre comunidades.

Además de la reforma fiscal, el Gobierno tiene pendiente abordar en lo que queda de año la segunda parte de la reforma de las pensiones, que será precisamente aquella que se centre en garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, ya que la primera parte que garantizaba la suficiencia ya fue aprobada.

La Comisión no quiere hacer valoraciones sobre si la reforma garantizará o no la sostenibilidad del sistema hasta no conocer el contenido final de las medidas aprobadas, a pesar de las dudas que han trascendido sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ya dijo en mayo en una entrevista con EL MUNDO que no se evaluaría hasta 2023.

Esperan que en el primer trimestre de 2023, cuando España haga la próxima solicitud de pago, presente oficialmente las reformas aprobadas en este sentido (está prevista la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión o el destope de las cotizaciones sociales), y será en ese momento cuando las autoridades harán números y decidirán si la reforma cumple con su propósito de garantizar la sostenibilidad. Aún así, dado que el diálogo con el Gobierno es continuo, confían en recibir papeles de forma continuada de aquí a entonces con los cálculos.

En Bruselas saben que «el gasto en pensiones en España es importante», por lo que tienen que «asegurarse de que el gasto no sube exponencialmente y sigue siendo manejable, al tiempo que las pensiones siguen siendo adecuadas para las personas». «Es un punto muy sensible en el ámbito político», señalan, así que valoran «la ambición del Gobierno que por iniciativa propia quiere mejorar la sostenibilidad del sistema».

Sobre la ejecución del Plan de Recuperación, la Comisión Europea se muestra satisfecha a pesar de que en los primeros siete meses del año el Ejecutivo sólo ha hecho desembolsos equivalentes al 15,8% del total presupuestado para el total del ejercicio. Aún así recuerdan que el Gobierno debe «mantener el rimo» porque a partir de 2026 ya no se podrán solicitar fondos adicionales.

«En España contamos con un Plan de Recuperación robusto que es precisamente lo que necesitamos porque aborda los cambios hacia la transición verde y permitirá a España contrarrestar la crisis que se cierne sobre el país (…) Hay muchos desafíos que cercenan las posibilidades del país, por eso es importante que centremos el tiro en la ejecución, por eso estamos aquí con las autoridades españoles», han alertado.

España accederá a unos 70.000 millones en forma de subsidios a fondo perdido -de los que ya ha recibido 31.000 millones- y además presentará próximamente una adenda del plan (un nuevo programa con más reformas e inversiones) para poder acceder a otros 85.000 millones en forma de préstamos con condiciones de financiación ventajosas.

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