Gustavo Petro y su familia en lista OFAC: ¿qué significa esto?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este viernes que él, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la “Lista Clinton”, una decisión que calificó como una “paradoja” y atribuyó a su política contra el narcotráfico.
“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en medio de la creciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
¿Qué medidas se han tomado?
El mandatario aseguró que “se cumplió la amenaza” del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien había anticipado que Petro y su familia serían incluidos en la lista de sancionados.
“Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, expresó el jefe de Estado colombiano.
Petro, quien ha mantenido fuertes enfrentamientos verbales con el presidente estadounidense Donald Trump, informó que su defensa legal será asumida por el abogado estadounidense Dany Kovalik.
La medida profundiza la tensión bilateral entre Bogotá y Washington, cuyos lazos en materia de comercio, cooperación militar y lucha antidrogas atraviesan su peor momento en décadas, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.
¿Cómo ocurrió la crisis diplomática?
La crisis se intensificó el domingo, cuando Trump calificó a Petro como “un líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia. Dos días después, el mandatario estadounidense elevó el tono llamándolo “un matón y un mal tipo” y advirtiendo sobre posibles “medidas muy serias” contra su gobierno.
Washington informó además de nuevos ataques a presuntas narcolanchas en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, lo que fue rechazado por Petro, quien calificó esas operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y denunció que violan el derecho internacional.
